Como hacen los gobiernos desde
siempre, y más aún cuando la opinión pública puede revolverse e iniciar una
ronda de silbidos (no va a llegar a más la cosa, seguro), hoy entran en vigor
las subidas de elementos tan superfluos en la vida cotidiana de los españoles
como la luz, el gas butano y el gas natural. También entra en vigor el copago (o repago) de los medicamentos. Barrunto que la subida del IVA será
cuando agosto pida permiso para asentarse en nuestras casas. No es que sea como
antaño, pero aún es mayoritario el disfrute de las vacaciones en este mes. Con el
país vacando es más fácil gobernar, o sea hacer lo que uno cree que debe hacer
a pesar de que tal medida empobrezca más a los súbditos, digo a los ciudadanos.
Y es que la parte más
negativa de la partitocracia en que se ha tornado nuestra supuesta democracia,
es que sólo gestiona la res pública en función del número de votos que recibirá
o perderá después de poner en marcha tal o cual medida. Luego, aquellas medidas que se consideran más impopulares se ponen en circulación cuando los votantes empiezan a dispersarse en otros asuntos. ¿Si la medida es inevitable, por qué no se afronta con valentía y dando explicaciones claras a la ciudadanía? Ya sé, pregunta retórica y utópica. No sigo por este camino... ¿Sería posible gobernar
intentando solucionar las verdaderas necesidades de los ciudadanos, si hubiera
más ciudadanos injertados en las estructuras de los partidos políticos? Quiero
decir personas normales y corrientes, sin aspiraciones para detentar cargos públicos,
sólo con el afán crítico de aportar algo a la colectividad.
No deja de ser curioso que
las grandes compañías eléctricas, ese monopolio que aparenta no serlo, nutran
sus consejos de administración de políticos que han tenido relevantes puestos
en gobiernos previos, y que continúan ocupando puestos estratégicos, aunque estén
en la penumbra y alejados de los focos, en sus propios partidos.
Uno no sabe si es como
premio a los servicios prestados, o para que sirvan de referencia a quienes
heredan sus puestos en el Consejo de Ministros o aledaños. Lo único que uno
sabe es que aumentan las facturas, que la bombona de butano cada vez que voy a
comprar una es más cara, que el servicio apenas cambia (si es que no empeora),
que sólo oye quejas y lamentos por parte de los capitostes que ocupan las bocas
de la hidra y que los mineros avanzan en su marcha, porque no quieren celebrar
entierros anticipados. No olvidemos que la postura de las compañías eléctricas
(que siguen crujiendo a los ciudadanos) es la causante de la parte más grave de
la crisis minera que está a punto de convertir en comarcas fantasmas a las
zonas mineras de León, Palencia, Asturias y Aragón.
Y que no me vengan con la legalidad de la medida. Hasta ahí podíamos llegar. Ya sé que es legal, ya sé que se reguló la normativa aplicable a este asunto de tal modo que sea inextricable para el común de los ciudadanos. Pero cada vez en más ocasiones la legalidad poco tiene que ver con la ética y la moralidad, sino sólo con un criterio economicista al servicio de quien conserva los medios de producción. Y también sé, porque uno ve o escucha o lee los medios de comunicación que en caso de no aplicar estas medidas recogidas por la legislación vigente, esta hidra con un puñado de cabezas, iniciaría su jeremiada amenazante, porque aún no obtienen (según lloran) cuanto necesitan, porque en realidad (según lloran) nos hacen un gran favor, ya que aún estamos lejos de abonar lo que realmente cuesta el servicio que nos prestan (según lloran).
Y así siguiendo cada día más
propensos (pura cuestión de proximidad) a empezar a analizar las diferencias
entre vivir y sobrevivir.
Pero ellos seguirán a lo
suyo, o sea, a preparar su próximo asiento en el consejo de administración de
alguna de estas multinacionales que forman, en realidad, un monopolio
monstruoso, perverso, voraz e insaciable.
Y nosotros vacando, que es lo nuestro.
